Senadores de EU piden que se deje de surtir armas al Ejército mexicano y policías

Temen que las armas hayan sido usadas para la violación de los derechos humanos en el país por parte de las fuerzas militares.

Un grupo de Senadores demócratas de Estados Unidos, pidieron al secretario de Estado Antony Blinken, que suspenda la venta de armas al Ejército y a la Marina de México, así como a las policías mexicanas, ya que son utilizadas para cometer violaciones a los derechos humanos y no hay transparencia en cuanto a su manejo.

A través de una carta, los legisladores Patrick Leahy de Vermont, Cory Booker de Nueva Jersey, Jeff Merkley de Oregon y Dick Durbin de Illinois, manifiestan su preocupación al funcionario, porque no ha consultado con la embajada de Estados Unidos en México sobre casos relacionados con las fuerzas policiales mexicanas como usuarios finales de las armas de fuego exportadas por su país.

“Dada la extensa documentación de la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperábamos que los Departamentos de Estado y Comercio establecieran mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos”, aseguran en la misiva.

“También nos preocupa la evidencia de que las armas de fuego exportadas por Estados Unidos continuaron siendo transferidas a las fuerzas policiales estatales en los estados mexicanos de Guerrero y Tamaulipas, después de que esas fuerzas estuvieran implicadas de manera creíble en desapariciones forzadas y masacres”, precisan los senadores.

“Tenemos entendido que la Oficina de Asuntos Político-Militares fue informada en 2017 que armas de fuego de origen estadounidense estaban en posesión de las fuerzas policiales en el momento de las desapariciones de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero”, dice parte de la carta.

También recriminan al Departamento de Estado no haber notificado al Congreso estadounidense sobre una posible infracción del uso final, que hubiera podido derivar en que las sucesivas transferencias a México requirieran una exención presidencial.