Tras presentar denuncia, víctimas de violencia han sido amenazadas por sus agresores

Sus agresores han sido personajes públicos, ellas piden justicia.

Tepic.- Tres mujeres, víctimas de violencias, cometidas presuntamente por personajes locales y servidores públicos federales, junto con dos de sus abogadas de la Red de Feministas de Nayarit, pidieron a las autoridades garantizar que los procesos legales emprendidos se llevarán a cabo sin que medie la influencia de sus agresores.

Además denunciaron que temen por su integridad, dadas las amenazas que reciben de familiares y personas cercanas a los señalados -o de ellos mismos, a pesar de estar en algunos casos, vinculados a proceso o en prisión preventiva-.

Mayded Herrera – víctima de violencia doméstica, cometida presuntamente por un ex funcionario público federal, vinculado a proceso, en libertad- mencionó que hace varios años interpuso una denuncia penal contra de su agresor, pero que esta no prosperó por aparentemente recibir protección del ex fiscal Édgar Veytia (condenado a 20 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos).

«A él yo lo denuncie en tres ocasiones ante la fiscalía por violencia y no procedieron ya que él tenía una amistad con el fiscal Edgar veytia ya son otros tiempos y actualmente por lo que agradezco su apoyo y acompañamiento. Mi agresor busca un puesto, un cargo de elección popular y por eso alzo la voz, y les digo, nomás agresores al poder; no lo vamos a permitir», precisó.

Perla Díaz, otra de las víctimas, quién denunció violencia familiar agravada con arma de fuego y razones de género -por lo que su agresor, opinador y abogado local, se mantiene en prisión preventiva-, dijo que su caso no fue atendido hasta que realizó una manifestación pública afuera del Centro de Justicia Regional dónde atrajo la atención de medios de comunicación y se socializó el tema.

«Mi denuncia por violencia familiar en razón de género nunca había procedido, no procedía de la misma manera que procedían las de él; actualmente mi agresor me acusó, 8 meses después de salir del domicilio por violencia, por robo, estoy vinculada a proceso por un delito que no cometí que no está acreditado (…) Nos tienen rogando justicia, y tenemos el mismo derecho de acudir a la justicia. Hasta hoy sufro de agresiones verbales de parte de sus hijas (…) A pesar de que mi agresor está recluido y vinculado a proceso, por correo electrónico, por parte de él yo sigo siendo intimidada, amedrentada», expuso la mujer.

Además de estás declaraciones, aprovechó para señalar a esta persona, a sus familiares y personas cercanas, como responsables de cualquier situación que ponga en riesgo su vida.

Del mismo modo, Andrea Navarro, ex funcionaria pública federal, denunció violencia institucional y violencia por razón de género en su contra, cometida presuntamente por titulares de la dependencia federal donde laboraba y dónde recibió amenazas, además de orillarla a dejar el cargo.

«Su servidora fue violentada dentro de una institución pública llamada Secretaría del Bienestar, del gobierno federal. Su servidora recibió una seña obscena en su rostro dentro de las oficinas, denuncié y fui ignorada; posteriormente se me ofreció realizar un acto de corrupción cosa que jamás voy a hacer (…) después de esto un hombre entra a la oficina y dice que dónde me encuentre me va a (golpear)… lo hizo público y lo gritó; fui a decirle a mi jefe, y me dijo que si no estaba conforme que renuncie», afirmó.

Su abogada, Nora Yebra apuntó que por tratarse de funcionarios y servidores públicos federales, acudieron a instancias de este nivel para interponer las denuncias correspondientes, pero que el proceso ha sido lento por los plazos que se han retrasado a partir de la pandemia por la Covid-19.

Del mismo modo, la abogada, Karen Aguayo hizo referencia a que a partir de uno de estos casos, se señaló al Poder Judicial de la Federación (PJF) por persecución y violación contra la libertad de expresión y derecho a la información, a partir de una suspensión definitiva que emitió un juez del Cuatro Distrito en Materia Penal con sede en Tepic, donde califica a medios de comunicación y asociaciones civiles como autoridades responsables, y les pide quitar toda información sobre el caso de una víctima de violencia familiar.M