Van contra empresarios y ex funcionarios por “presidencia de cartón”

* En primera audiencia judicial habrían sido giradas órdenes de aprehensión del caso en Bahía Banderas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la judicialización del caso de la “presidencia municipal de cartón”, en Bahía de Banderas, partiendo de la presunta responsabilidad del empresario Luis Cohen Fis, aunque también estarían implicadas otras 13 personas.

Este viernes en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, se tenía programada una audiencia de formulación de imputación en contra de Cohen, aunque no se tuvo la certeza de que hubiera sido previamente citado, mediante exhortos remitidos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o al del estado de Jalisco.

Al ser cuestionado por el juez de control Guillermo Agustín Romero Ríos, un defensor público respondió que desconocía “el motivo por el que –Cohen- no está presente en esta audiencia.”

Previamente, una asistente de sala precisó que la causa penal 300/2020 se sigue por el delito de cohecho, sin embargo de manera extraoficial se conoce que también se incluirían los ilícitos de fraude, falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones, entre otros, y que también estarían involucrados varios ex funcionarios de los ayuntamientos que presidieron el ya fallecido Rafael Cervantes Padilla y José Gómez Pérez.

La agencia ministerial explicó que si bien se desconoce si el empresario supo de la audiencia, un día antes la Fiscalía decidió desistirse de la cita y, en cambio, proceder de distinta forma, por lo que en ese momento solicitó que la audiencia continuara de forma privada.

Entonces el juez pidió el abandono de la sala del defensor público, de un asesor del ayuntamiento, y del público asistente. Se deduce que habría sido solicitada orden de aprehensión.

“La presidencia de cartón” ubicada en Valle de Banderas es un inmueble sin uso por el riesgo que implica y, sin embargo, han sido tales las artimañas, que en la actualidad el Ayuntamiento de Bahía de Banderas debería pagar más de 180 millones de pesos por el mismo.

Como es del conocimiento público, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un incidente de inejecución de sentencia, después que un Tribunal Colegiado  propuso la separación del cargo de varios funcionarios municipales, entre ellos el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello.

La apertura del juicio penal es, ahora, contra quienes estuvieron involucrados en la inservible construcción, tanto empresarios como ex funcionarios municipales.

La carpeta de investigación contaría con testimonios que acreditarían el actuar ilícito de los imputados.

 

 

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com