La fallida autonomía

Acabar con ese remedo de autonomía y transparentar el manejo de los millonarios recursos de la UAN implica atentar contra los intereses de grupos de poder que históricamente han explotado a su antojo las arcas universitarias, de ahí las marchas y las campañas mediáticas en contra de las acciones del gobernador Antonio Echevarría García

Concebida como un mecanismo para evitar que los grupos de poder gobernantes intervinieran en la vida interna de las universidades estatales, la autonomía universitaria terminó convertida en un problema muy superior al que buscaba evitar.

Y es que en el afán de blindarse ante intereses ajenos las universidades públicas se convirtieron en cotos privados de grupos de poder que en la mayoría de los casos rivalizaban con el grupo gobernante en turno. De esta manera muchas universidades autónomas, pese a estar financiadas en su mayoría por el gobierno, terminaron siendo la caja chica de poderosos grupos políticos que gracias a eso han logrado sobrevivir a los cambios políticos sexenales.

En la Universidad de Guadalajara tenemos un claro ejemplo de cómo la autonomía universitaria se pervirtió para beneficiar a un grupo político que ha dispuesto del dinero de la Máxima Casa de estudios sin rendir cuentas a nadie, como si se tratara de una empresa particular. Raúl Padilla López ha sido desde la década de los 90’s el poder absoluto en esa universidad, con un presupuesto que le permite proyectarse a nivel internacional sin rendir cuentas claras a instancia alguna.

Según el caso, algunas universidades mexicanas quedaron en manos de grupos ligados al PRI, mientras que otras, como es el caso de la UdeG, lograron ser coptadas por grupo opuestos, como el llamado Grupo Universidad que lidera Raúl Padilla, inicialmente ligado al PRI y posteriormente al servicio del PRD, aunque en los últimos años ha sabido coordinarse muy bien con el gobierno en turno, tanto a nivel estatal como en el plano federal.

Si bien en tiempos en que la ideología era muy importante en el quehacer político del país la autonomía universitaria era un concepto que debía defenderse a sangre y fuego, hoy en tiempos del pragmatismo es un reclamo popular el cambio de modelo, donde se preserve el derecho de los grupos universitarios a defender lo que más les convenga pero al mismo tiempo con la obligatoriedad de ser absolutamente transparentes y eficientes en el manejo de los recursos que reciben de todos los ámbitos del gobierno.

Al cierre del 2019, según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nueve universidades públicas del país enfrentaban un pasivo global de 16 mil 677 millones de pesos, lo que les impediría hacer frente a sus compromisos financieros de fin de año, como ocurrió en la Universidad Autónoma de Nayarit, institución cuyos pasivos son el doble del financiamiento público que recibe.

En la debacle financiera de nuestras universidades públicas tiene mucho que ver el despilfarro sin medida que han hecho sus directivos escudados en la llamada autonomía. Grupos de poder que forman parte de la comunidad universitaria se han enriquecido sin medida, como lo vimos en el caso del ex rector prófugo de la justicia.

Infinidad de carreras políticas se han financiado con las arcas universitarias, lo mismo que generosas conquistas laborales que hoy son un insulto a la luz de la realidad laboral que padecemos la gran mayoría de los trabajadores mexicanos. Sin medida, los recursos de la universidades han sido destinado para cosas que nada tienen que ver con la educación. Hoy la borrachera ha terminado y es momento de pagar la cuenta de sus excesos. La cruda no puede ser más lamentable.

Por supuesto que no todo ha sido derroche y malos manejos en la UAN, para explicar sus crisis hay que tomar en cuenta el nuevo contexto económico del país en el cual se han cerrado en gran medida los flujos financieros con el pretexto de combatir la corrupción.

La misma ANUIES destaca que entre 2013 y 2018 se redujeron en un 80% los recursos federales extraordinarios que se daba a las universidades para hacer frente a sus compromisos de fin de año. De recibir 665 millones en el 2013 pasaron a recibir 169 en el 2018, lo que provocó un estallido en sus balances financieros.

Antaño derrochaban todo el año con la tranquilidad de que recibirían recursos extras para hacer frente a sus obligaciones de fin de año, lo cual finalmente se acabó y las dejó literalmente en bancarrota sin recursos para pagar las abultadas nóminas y los jugosos aguinaldos.

El problema es que aunque las universidades autónomas son un orgullo para la sociedad al mismo tiempo implican un alto costo, porque a fin de cuentas el dinero que los universitarios derrochan sin grandes limitaciones proviene del gobierno y, a últimas instancias, de la misma sociedad que aporta sus impuestos.

Nayarit es un caso bastante ilustrativo de la forma en que los ciudadanos comunes son obligados a financiar a la UAN mediante el pago de un impuesto especial que en muchos de los casos es jineteado a su antojo por los presidentes municipales.

En este contexto es plausible la decisión del gobernador Antonio Echevarría García de impulsar soluciones de fondo para acabar con la crisis financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit. Por primera vez en mucho tiempo se le da un enfoque ajeno al político que garantiza reformas estructurales que garantizan un mejor futuro para la Máxima Casa de estudios nayarita.

La solución planteada por el gobernador es la correcta porque proviene de fuera, desde la sociedad misma. Es la visión de quien paga y exige con justo derecho que su dinero sea bien invertido con toda transparencia y legalidad. Y no digo que el gobernador sea el gran financiero de la UAN, sino que por su condición representa al pueblo nayarita en su conjunto que reclama una universidad de excelencia operada con absoluta legalidad y eficacia.

La UAN es de todos los nayaritas, no sólo de quienes forman parte de la comunidad universitaria. Aunque no tenga representación en el consejo universitario, el pueblo nayarita tiene derecho a intervenir en las decisiones fundamentales de la UAN y en ese sentido el gobernador Echevarría está jugando un gran papel.

Acabar con ese remedo de autonomía y transparentar el manejo de los millonarios recursos de la UAN implica atentan contra los intereses de grupos de poder que históricamente han explotado a su antojo las arcas universitarias, de ahí las marchas y las campañas mediáticas en contra de las acciones del gobernador.

Sin embargo al final debe imponerse el interés de las mayorías. Si los nayaritas no respaldan a su gobernador y le dan la espalda en esta batalla fundamental estarán condenando a sus hijos a una educación mediocre y estarán sentenciando a muerte a su Universidad, porque la enfermedad que padece exige un gran tratamiento.

O se extirpan los tumores de raíz o se permite que la enfermedad se vuelva terminal. No hay de otra sopa.