El ex gobernador Roberto Sandoval y los nombres que tienen mucho que decir

* El señalamiento del Departamento del Tesoro en contra del ex gobernador, tendría que obligar a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado a concluir investigaciones locales por diversos delitos.

En el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda hay una constante: cuando se documentan delitos cometidos desde su gobierno, apela a decir que nada sabía.

Así sucedió en el 2017 tras la detención en Estados Unidos del fiscal General de Justicia, Édgar Veytia, próximo a recibir sentencia por delitos de narcotráfico.

El viernes 17, una vez que el Departamento del Tesoro del país vecino lo señaló de haber recibido recursos de procedencia ilícita, Sandoval emitió un comunicado, dispuesto a ponerse “a disposición de las autoridades correspondientes con la información que se requiera. Cada autoridad que nos ha requerido información sobre diferentes temas, se ha encontrado con datos veraces que demuestran con transparencia y hechos positivos que en mi persona, como servidor público, hice un gobierno apegado a la ley.”

La versión del ex gobernador priísta, que apela a su inocencia, encuentra hechos reales que lo contrastan. Para empezar, no es cualquier cosa que Veytia esté preso en Estados Unidos. Y muy probablemente su declaración a las autoridades de ese país condujeron al nombre de Roberto Sandoval, que podría no ser el único mencionado.

Si el Departamento del Tesoro identificó, entre las empresas relacionadas con Sandoval, a Bodecarne S.A. de C.V., Iyari Alto Diseño Huichol, Valor y Principio de Dar A.C., y L-INMO S.A. de C.V., al menos las dos últimas resultan familiares en Nayarit, puesto que la penúltima es más conocida como Fundación Ríe, en tanto que un rancho de L-INMO se encuentra en el poblado La Cantera, municipio de Tepic. Ambos inmuebles fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en marzo del 2018, como parte de la investigación local que se le  sigue por probable enriquecimiento ilícito.

Pero el señalamiento directo a las compañías va más allá del nombre del ex gobernador, y tendría que obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la FGE a continuar las investigaciones, a menos que, como ocurrió con Veytia, sea Estados Unidos quien procese a Sandoval.

¿Hacia allá conduce el asunto?, ¿aprehenderlo?, ¿extraditarlo?

Uno de los personajes que no escaparía a la indagatoria sería el boxeador Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como “El Canelo Álvarez”, cuyo nombre, en su calidad de socio de la Fundación Ríe, aparece en la escritura pública 58 mil 025, firmada en julio del 2015 por José Luis Béjar Rivera, notario público suplente de la notaría 13, con oficinas en Tepic.

Y en cuanto a L-INMO, un nombre que resulta crucial en la investigación es el de la diputada federal por el PRI Margarita Flores Sánchez, quien ocupó la dirección del DIF municipal y DIF estatal cuando Sandoval fue alcalde de Tepic y gobernador, respectivamente.

Como ya lo ha documentado este reportero, en mayo del 2013, Flores Sánchez, quien llevaba unos meses como senadora de la República, fue anotada como compradora del citado terreno en La Cantera al empresario José Ricardo Gárate Vidal, y luego, en diciembre del 2014 lo vendió a L-INMO por cinco millones de pesos, según se establece en la escritura pública tres mil 586, del notario público número 15 Jorge Arturo Parra Carrillo.

Tras los aseguramientos de inmuebles ligados al ex gobernador, trascendió que la Fiscalía General del Estado solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para dar seguimiento a las cuentas de diversos personajes.

En el caso de la hoy legisladora federal, se cuestiona si habría sido utilizada como prestanombres por el entonces gobernador.

El apunte en este trabajo, de que la realidad supera el intento de Roberto Sandoval Castañeda para deslindarse de todo lo malo que haya ocurrido en su administración, se sustenta con otros hechos a los que este reportero ha dado seguimiento.

Por ejemplo, Sandoval Castañeda enfrenta una denuncia penal en la FGE por probable falsificación de firma, así como un juicio civil en San Blas, relacionados con 58 hectáreas ubicadas en el ejido Aután, municipio de San Blas, y que colindan con el rancho El Sueño, del que formalmente se presentó como dueño ante medios de comunicación.

Es decir, no sólo son las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro, sino una constante donde los inmuebles ligados a Sandoval tienen un origen con falta de transparencia, máxime que se trata de un ex alto funcionario.

Para robustecer lo anterior habría que añadir los tantos inmuebles vinculados a su ex secretario Raymundo García Chávez “Mundito”, actual magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), inscritos principalmente a nombre de su mamá Juventina Chávez, y por quien en el último año han sido tramitados decenas de juicios de amparo o recursos de revisión o queja, para contrarestar los aseguramientos de la Fiscalía.

Si bien hay varios ex funcionarios que enfrentan causas penales locales, este reportero ha observado que si la FGE no lleva a juicio a Sandoval, daría pie a considerar acuerdos políticos, a menos que la situación se conduzca a nivel federal o en Estados Unidos y vaya más allá del aseguramiento de bienes y cuentas bancarias.

No habrá sido cualquier cosa lo narrado por el ex fiscal.

Como una coincidencia en el tiempo, hace unas semanas se conoció otra realidad que alcanza al ex gobernador: una investigación –con un auto de vinculación a proceso contra un ex director de la Policía Estatal Preventiva- respecto a un gran número de policías que fueron dados de alta sin el debido procedimiento, por órdenes de Sandoval Castañeda, debido a “compromisos políticos”, se dijo en una de las audiencias.

Se supone que los elementos fungieron como escoltas de personajes cuya identidad no ha sido divulgada.

En torno a Roberto Sandoval, a su gestión, a varios de sus cercanos, existe como un vínculo de importantes recursos que, igual que él, repiten que es producto de trabajo, aunque despiertan la sospecha.

Por ello se insiste que el anuncio del Departamento del Tesoro tendría que agilizar las carpetas de investigación que se siguen localmente, no sólo por enriquecimiento, sino respecto a otros temas: qué sucedió con la obra pública, qué con las concesiones en el transporte público. O esas tantas historias, muy reales, de amenazas desde el gobierno, de despojos con violencia, de encarcelamiento.

Hoy pareciera que nada sorprende en torno al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, aferrado, porque no le queda de otra, a insistir en su inocencia, apelando a que no supo.

Pero hay nombres que tendrán algo que contar. Y son reales.

 

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com