Segunda audiencia: fallo contra Roy Rubio por peculado y ejercicio indebido de funciones

• En una maratónica audiencia de nueve horas, también fue vinculado a proceso ex director de Administración de la ASEN Ernesto Alonso Rosales.

Tepic.- El pronóstico de que en torno a la situación jurídica del ex auditor Roy Rubio Salazar se debatiría fuerte, no falló.

Conocido como uno de los más cercanos colaboradores del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, de quien fue secretario de la Contraloría y luego lo impulsó –violentando la Constitución Política del Estado- al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), ahora Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), la noche de este miércoles el juez de control César Octavio García Torres dictó auto de vinculación a proceso en contra de Rubio Salazar, actualmente suspendido como titular de la ASEN, y de Ernesto Alonso Rosales Ramos, ex director de Administración de la misma, como probables responsables de los delitos de ejercicio indebido de funciones y de peculado, por un monto de 12 millones 60 mil 589.25 pesos.

Por el contrario, el juez resolvió no dictar auto de vinculación por el delito de usurpación de identidad como también lo había solicitado la Fiscalía General del Estado (FGE), considerando que, en todo caso, fue el medio probablemente utilizado por Roy y Ernesto para que los más de 12 millones de pesos fueran depositados en cuentas bancarias de 13 personas que no trabajaban en la ASEN, según denunció el Órgano de Control Interno de la ASEN y así lo argumenta la Fiscalía, uno de ellos José Roberto Espinoza Aguayo, a quien le fueron depositados un millón 113 mil 266.79 pesos y es hijo del ex secretario General de Gobierno José Trinidad –Pepe- Espinoza Vargas.

Es decir, de acuerdo con la explicación del juez de control, los imputados no usurparon la identidad de las personas, sino que fue el medio para probablemente cometer los otros dos delitos.

De las 13 personas a cuyos nombres se efectuaron los depósitos, cuatro denunciaron ante la agencia del Ministerio Público ser ajenos a la situación y solicitaron la correspondiente investigación, siete comparecieron pero se reservaron el derecho de declarar, mientras uno no ha comparecido: precisamente el hijo de Pepe Espinoza.

El fallo, que podrá ser combatido por las partes, fue anunciado a las 7:43 de la noche dentro del expediente 825/2018, luego de una maratónica audiencia y de fuerte debate que inició a las 10:39 de la mañana y tuvo cuatro recesos, el último a las 5:15 de la tarde y que reinició a las 7:05 de la noche puesto que el juez debía analizar cuanto se había dicho.

Pero no es todo.

Tanto la Fiscalía como la defensa estuvieron de acuerdo en un plazo de seis meses de cierre de investigación que, según parece, podrá arrojar datos trascendentes. Por ejemplo, la representación de la agencia del Ministerio Público reveló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha remitido información que probarían que con las tarjetas de las personas que niegan cualquier vínculo con el ilícito, se habrían hecho compras de boletos de avión, en plazas comerciales, e incluso el retiro en caja de 100 mil pesos en efectivo, por lo que se solicitará información para que los bancos o empresas precisen quiénes realizaron esas transacciones.

Durante la audiencia, Roy Rubio y Ernesto Alonso Rosales se mantuvieron en silencio. Cuando el juez les cuestionó si querían hacer algún comentario sobre la resolución dictada, coincidieron en la respuesta: “ninguna, su señoría”.

Tal y como lo explicó este reportero en una nota del viernes cinco, ése día comparecieron a una audiencia inicial de formulación de imputación.

EL CHOQUE

Sin exagerar, el nombre de Viridiana de Anda Parra debió pronunciarse unas 300 veces, y el del notario público número 18 Jesús Torís Lora, al menos 150, por parte de los defensores particulares Mario Alberto Clemente, Humberto Avena y María del Rosario Franco.

Si bien, y ha resultado obvio durante las audiencias, se trata de defensores que trabajan para ambos imputados, por estrategia jurídica los dos primeros oficialmente defienden a Ernesto Alonso, mientras que María del Rosario a Roy.

Mientras tanto, la Fiscalía estuvo representada por los agentes ministeriales Elvia Ludmila Heredia, Pablo Daniel Alonso y Amalia Manjarrez, mientras que Jonathan Castañeda, funcionario de la ASEN, fungió como asesor jurídico. La carga de la audiencia la enfrentó especialmente Heredia, apoyada por Castañeda.

Como era de esperarse, ambas partes chocaron.

Fue especialmente marcado que la defensa pretendió adjudicar el probable desvío de recursos a Viridiana de Anda, del área de Recursos Financieros de la ASEN, citando que había sido quien dispersó en 111 ocasiones los recursos que ahora se reclaman, y por cada uno de ellos fue citado su nombre, y repetido muchísimas veces más.

Por su parte, Torís Lora, a quien Mario Alberto Clemente calificó como un “notario a modo”, fue mencionado tantas veces porque, según el abogado, el 15 de diciembre del 2017 certificó más de tres mil documentos relacionados con las 111 pólizas, “¿qué curioso, no?”.

La defensa cuestionó por qué Viridiana tardó más de tres años en darse cuenta del probable desvío, a lo que la agencia ministerial remarcó que ella conoció la situación anómala hasta que Rosales Ramos cumplió el acta de entrega de su oficina, puesto que a Viridiana no le correspondía el área de Recursos Humanos. Incluso, se mencionó que durante un tiempo estuvo ausente por una situación de maternidad, época en que se abrieron varias de las cuentas anómalas.

La defensa ventiló la situación de que Viridiana es hija de un funcionario de la Universidad Politécnica, en referencia al ex futbolista profesional José Guadalupe de Anda.

El asunto es que durante más de una hora, el abogado Clemente repitió 111 veces los nombres de Viridiana de Anda y Jesús Torís, citando que en la dispersión de los recursos no aparecía el nombre de su defendido Ernesto Alonso ni el de Roy.

Por un momento, el juez animó al defensor para que acortara su intervención repititiva, a lo que contestó:

“Es la cereza del pastel y van a ver que la cereza se les va derretir”.

El abogado Avena justificó que su compañero debía continuar al mismo ritmo. Y siguió.

Del otro lado, los agentes ministeriales y el asesor, coordinados por Elvia Ludmila, hacían anotaciones e intercambiaban tomos del voluminoso expediente.

Más adelante, Avena señaló que la Fiscalía se ha quejado del actuar del Poder Judicial, añadiendo que lo que ha fallado es la integración de las carpetas de investigación.

– ¡Objeción! –reclamó Heredia, señalando que el abogado hacía comentarios que no venían al caso.

El juez pidió a Avena ajustarse al contenido jurídico.

Unos minutos después, un comentario de Clemente molestó al juez. Con intención o sin ella, le pidió que en el caso no aceptara ningún tipo de presión externa.

– A ver ¿cuál presión externa? –y lo apercibió para que no repitiera esa expresión, o bien le impondría un tipo de medida.

Al hacer uso de la voz, María del Rosario Franco, como defensora de Roy hizo suyos los argumentos de los otros dos abogados, e incluso ventiló que el auditor suspendido goza de fuero constitucional, lo que después negó el juez.

Elvia Ludmila presentó una objeción puesto que la abogada Franco leía toda su intervención. El juez le pidió que en la medida de lo posible no lo hiciera.

Minutos después, Heredia volvió a remarcar que Viridiana de Anda no era la responsable de Recursos Humanos y que se dio cuenta del ilícito hasta que recibió la documentación de entrega-recepción por parte de Rosales Ramos.

A la nueva intervención de la agente ministerial, Avena la observó durante un rato:

– ¡Objeción! –señaló, reclamando que también estaba leyendo, a lo que el juez repitió que se diera privilegio a la oralidad, sin leer de corridito.

– Tener una memoria de computadora no es posible; consulten, pero no lean todo –insistió el juez de oralidad.

En uso de la voz, Jonathan Castañeda resumió que pese a los intentos de los defensores por tratar de exculpar a los imputados, resultaba ilógico que Roy y Ernesto Alonso no supieran de pagos a 13 gentes que no trabajaban en la ASEN.

Más adelante, el abogado Avena habló, pero mirando a Elvia Ludmila, a lo que ésta le pidió:

– ¡Diríjase al juez, por favor!

– ¡No, yo me dirijo a quien yo quiero!

A continuación, Clemente adelantó que el de Roy y Ernesto Alonso es un asunto ganado:

– No se los van a llevar a juicio oral, porque no les va alcanzar ni para vinculación a proceso.

Incluso, el defensor hizo alusión al ex fiscal Édgar Veytia, aunque sin citarlo por su nombre. Y es que señaló que no cabía criticar una posible amistad entre los imputados, como tampoco la agente ministerial es responsable de los delitos cometidos por el ex fiscal.

Avena solicitó al juez que cerrara el debate y no le permitiera la voz nuevamente a Elvia Ludmila, pero sí lo hizo –“es mi decisión, abogado”, explicó García Torres.

Heredia y Castañeda insistieron en la vinculación a proceso.

Como ya se ha anunciado en anteriores asuntos, en las salas de oralidad no se permiten grabadoras, por lo que las anotaciones son a mano, a captación de los sentidos, por lo que pudiera haber aspectos aquí plasmados que no correspondan exactamente a lo dicho.

EL CASO ELVIA LUDMILA

Dictado el auto de vinculación a proceso por ejercicio indebido de funciones y por peculado, cabe añadir un aspecto que desde inicios de este sistema de justicia oral advirtió este reportero y que ahora se muestra con mayor evidencia.

A nadie escapa que hay una exigencia social para que se investigue la corrupción de funcionarios ligados a los últimos dos gobiernos. La administración de Antonio Echevarría García depende, en mucho, de que estos asuntos avancen y concluyan en sentencia y la recuperación de recursos desviados del erario público. De lo contrario, cualquier revés impactará más en Echevarría que en el propio fiscal Petronilo Díaz Ponce.

Sin embargo, conviene señalar la importancia, para el bien de cualquier ciudadano, del fortalecimiento de las agencias ministeriales. Se dice lo anterior porque, por ejemplo, es notorio que Elvia Ludmila Heredia y, en menor medida Pablo Daniel Alonso, están cargando con las audiencias de aseguramiento de inmuebles, debates en audiencias, u otros expedientes de alto impacto como el millonario desvío en la Universidad Autónoma de Nayarit y el incendio en el Edificio Administrativo de la misma.

Es decir, se tienen que fortalecer esas áreas ministeriales. La carga de trabajo es brutal. Y aumentará paulatinamente, según parece.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com