Aumento a tarifa de transporte público en Nayarit no está autorizado aún

Tepic.- El Gobierno de Nayarit no permitirá que se aumente el costo de la tarifa del transporte público en el estado; el único organismo facultado en la entidad para decidir el balance de los costos es la Comisión Técnica del Transporte y previo a esto necesita realizarse un estudio que justifique el incremento de este servicio. 

“Estamos platicando con ellos, en esa ruta del acuerdo y del consenso; la Comisión no puede reunirse si no tenemos un acuerdo previo con los actores del servicio del transporte público y no vamos a permitir que nadie aumente la tarifa de manera unilateral”, adelantó Antonio Serrano, subsecretario general del Gobierno de Nayarit. 

“Ellos tendrán que asumir su responsabilidad en el quebranto de la ley, es muy específica la ley que solamente la Comisión es la que hace el estudio, revisa, dictamina y se la pone al gobernador para su autorización, nadie más lo puede hacer”, añadió. 

Desde que se viralizó este presunto incremento al costo de la tarifa del transporte público en las redes sociales, se ha señalado de un acuerdo generado en una minuta, sin embargo, Antonio Serrano, subsecretario general del gobierno del estado, aclaró que este documento no podrá sustituir las facultades legales de la comisión. 

“Existe una minuta pero no vinculada, ósea no es de vinculación, como un resolutivo obligatorio, es vinculada si a un estudio previo, y se determina a partir de la comisión, no puede una minuta sustituir las facultades legales y reglamentarias de la comisión”, aclaró el Funcionario estatal. 

“Hay que verlo de manera integral el estudio, tenemos el elemento transversal de los derechos humanos, que tiene que ver con personas con discapacidad, tenemos que revisar unidades, tenemos que revisar rutas, tenemos que revisar concesiones, hasta que punto son títulos o hasta que puntos son tarjetones, nada más”. 

Serrano señaló que de realizarse este supuesto incremento sin acuerdo de la Comisión Técnica del Transporte, los transportistas tendrán que asumir las consecuencias legales que este acto conlleva; la sanción máxima podría ser la cancelación de las concesiones.