Niega Gobierno Federal que se haya privatizado el agua

• En un comunicado de la Comisión Nacional del Agua, se asegura que los diez decretos publicados el 6 de junio, son para “garantizar el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente”.

A través de un comunicado de la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno Federal niega que se haya privatizado el agua tras la emisión de diez decretos el pasado 6 de junio.

La Conagua asegura que los decretos “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.

Se indicó que “295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas”.

Asimismo, el boletín afirma que “con las medidas adoptadas, México supera en 12% las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientales que países del primer mundo”.

El diario español El País, dio a conocer un reporte en donde indica que los decretos del gobierno mexicano “abren la puerta a la concesión privada de aguas protegidas”.

El prestigioso medio de comunicación, señala que se consultó a dos juristas sobre este tema, quienes subrayan que con los decretos, la Comisión Nacional del Agua tiene la posibilidad de otorgar concesiones del uso del líquido a compañías de diversos sectores, como la minería, la hidráulica, refresquera, etcétera.

Según El País, la promulgación del 6 de junio elimina la protección sobre grandes cuencas hídricas de México, ya que las zonas de veda, donde la extracción del agua está prácticamente restringida, las convierte en zonas de reserva, en las que sí se permite, aunque de manera limitada, la explotación, uso o aprovechamiento del recurso, incluso hasta por privados, si las autoridades consideran que es “de utilidad pública”.