Aprueba Congreso de Nayarit iniciar juicio político contra Roberto

• También contra dos de sus ex funcionarios y los Magistrados Administrativos, y de acuerdo con la Constitución de Nayarit, las sanciones consiste en destitución del servidor público o en el caso de ex funcionarios, inhabilitación para ocupar un cargo público.

Tepic.- Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, será llevado a juicio político por integrantes de la 32 Legislatura del Congreso del Estado; la tarde de este miércoles 10 de enero, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó en acuerdo legislativo ejecutar este procedimiento, previo al análisis de dos denuncias que señalan al ex mandatario estatal como presunto responsable de desviación y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

“El juicio político no es para quitar el mal llamado fuero, el juicio político es solamente para sancionar administrativamente con destitución o inhabilitación  del cargo, independientemente del supuesto fuero; segundo si ustedes recuerdan a la legislatura pasada se presentó un servidor presentó una iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos del estado de Nayarit, fue aprobada, fue conjuntamente con la petición de la compañera ex diputada Sofía Bautista, también presentó iniciativa para quitar el fuero, entonces fue analizada, y los servidores públicos en Nayarit no gozamos de fuero en este momento, entonces es materia diferente”, señaló Javier Mercado, diputado Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

“Aquellos que son ex servidores públicos, cualquier ciudadano, que se acredite puede denunciar o puede demandar juicio político a aquellos  ex servidores públicos que hayan culminado su mandato y que estén durante un año posterior, ya si pasó el año, quieren demandar juicio político ya no es procedente, hay hasta un posterior a que dejaron su cargo para los ex servidores públicos”, añadió el legislador.

Durante esta asamblea legislativa también resultaron sujetos a juicio político ex funcionarios del gabinete de Sandoval Castañeda: Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo,  ex titulares de la Secretaría de Administración y  Finanzas, así como de la Contraloría General de Gobierno, respectivamente; se les acusa de ser presuntos responsables de desviación y  manejo indebido de recursos públicos.

Mercado precisó que “a partir de hoy se cuenta, hasta un año tendrá este Congreso del Estado para poder sancionar o declarar improcedente o no sancionar a los servidores públicos señalados; cuál es el procedimiento una vez aprobado el día de hoy se turnan los cuatro asuntos a una sección instructora  se le llama, que es integrada por cuatro diputados, integrantes de diferentes grupos parlamentarios quienes harán las veces de Ministerio Público, ellos serán los que recabarán las pruebas, serán los que citarán a comparecer a los indiciados, a los señalados, a los demandantes, habrá alegatos, habrá cualquier número de pruebas que documenten los señalado en la demanda de origen”

Subrayó que “en caso de ser procedente la destitución del servidor público en funciones y/o la inhabilitación para poder ocupar otros cargos en el futuro; la sección de enjuiciamiento una vez que emita su dictamen pasará al pleno del Congreso, que se erigirá como Gran Jurado, allí con los votos de los integrantes del Gran jurado se determinará si son procedentes o no las sanciones que se estarán estipulando primero, con la investigación de la sección instructora y posteriormente con la sección de enjuiciamiento; tenemos hasta un año para dar fin a este tipo de juicios políticos”.   

De igual manera en esta sesión fue aprobada por acuerdo legislativo llevar a juicio político a Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, en su calidad de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit; se les señala como presuntos responsables por el ataque a las instituciones democráticas, la usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y violaciones sistemática o graves de planes, programas y presupuestos de la Administración Estatal.