Ciudad de México.- La madre del mexicano condenado en EE. UU. Sanjuana Cárdenas suplicó al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez el apoyo legal para salvar a su hijo Rubén Ramírez Cárdenas, quien se encuentra condenado a muerte en la prisión de Allan B. Polunsky, en Livingston, Texas, con fecha de ejecución para el 8 de noviembre próximo.

Sanjuana, habló por teléfono con el mandatario estatal con la esperanza de que haya una esperanza para su hijo, y se realicen las acciones legales que impulsan sus abogados a efecto de que se le realice la prueba de ADN con la que se busca probar que es inocente del delito de homicidio por el que fue condenado a la pena capital.

Esta tarde, el gobernador habló por unos minutos con la madre de Rubén Ramírez, quien externó su angustia en la que se encuentra al aproximarse la fecha señalada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas para que se aplique la inyección letal.

El Gobernador dijo a la madre que envió una solicitud a Greg Abbott, gobernador del Estado de Texas, y a David Gutiérrez, Presidente de la Oficina Ejecutiva de la sección de Clemencia, Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, para que se convoque a una audiencia de clemencia, revisión y reconsideración del juicio y proceso que se sigue contra Rubén Cárdenas Ramírez.

De acuerdo a información de El Universal, el sentenciado es originario de la colonia Las Delicias, del municipio de Irapuato, Guanajuato, y se encuentra recluido en la prisión de Texas desde febrero de 1997, condenado por el homicidio, secuestro y violación de su prima hermana Mayra Azucena Laguna.

En un comunicado, Gobierno del Estado señaló que la Corte Internacional de Justicia determinó que los Estados Unidos, violaron las disposiciones de notificación consular previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 50 mexicanos incluyendo a Ramírez Cárdenas, y que tenían derecho a una revisión judicial.

Cinco años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revisó la demanda, y recomendó un nuevo juicio y advirtió que su ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales de la vida.

Ramírez Cárdenas fue privado de asistencia consular y de representación legal durante sus múltiples interrogatorios por parte de la policía.

Sus declaraciones fueron usadas como evidencia para condenarlo; desde ese momento el Gobierno del Estado de Guanajuato ha acompañado su proceso apoyando a sus familiares, solicitando una adecuada intervención consular, puntualizó.