Ley en Estados Unidos castigaría con 10 años de cárcel a indocumentados

WASHINGTON, DC - JANUARY 25: (AFP-OUT) U.S. President Donald Trump (C) signs four executive orders during a visit to the Department of Homeland Security with Vice President Mike Pence, Homeland Security Secretary John Kelly and other officials January 25, 2017 in Washington, DC. Trump signed four executive orders related to domestic security and to begin the process of building a wall along the U.S.-Mexico border. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al recuperar su faceta más antiinmigrante, logró que se aprobaran dos leyes sobre ese tema en la Cámara de Representantes: el endurecimiento de las penas para indocumentados que traten de volver al país tras ser deportados y la congelación de fondos federales contra aquellas instituciones locales y estatales como San Francisco que rechacen colaborar.

Las dos leyes que se someterán a votación este jueves se resumen en la historia de Kate Steinle. En 2015, la joven de 32 años fue asesinada mientras paseaba junto a su padre por las calles de San Francisco. El sospechoso, el mexicano Juan Francisco López Sánchez, había sido condenado por siete delitos y deportado cinco veces antes de los hechos.

“Su muerte era prevenible, y seguiría viva si la ciudad de San Francisco hubiera puesto la seguridad por delante”, opinó en un comunicado el fiscal general de EU, Jeff Sessions.

“Vamos a cortar fondos federales a aquellas ciudades que protejan peligrosos y criminales extranjeros de ser entregados a las fuerzas del orden federal”, explicó el presidente.

Así, un indocumentado que haya sido deportado más de dos veces y sea sorprendido nuevamente puede enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel. Y si tiene un antecedente por un delito grave o tres faltas basta que vuelva a ser sorprendido una sola vez para una condena similar.

El éxito en la Cámara de Representantes es sólo provisional. Las leyes tienen aún que sortear el mayor escollo: el Senado.

Con información de El Universal y El País

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